Esta mañana, la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, firmaron un convenio de colaboración que permitirá brindar, a través de la Oficina Especializada de Derechos Humanos, representación civil a aquellas personas que formen parte del “Proyecto Inocentes”, enfocándose en litigios por compensación de daños y perjuicios.

El Proyecto Inocentes es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública, diseñada para resaltar los casos de personas que han sido injustamente encarceladas en Chile. Busca remediar el daño público vinculado a la privación injusta de libertad y mejorar el sistema de justicia para evitar la repetición de estos errores.

Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó que: “Hay algo que solemos olvidar en el contexto de una agenda muy centrada en seguridad, y es que el sistema de enjuiciamiento criminal es un régimen sancionatorio, el más drástico que una sociedad puede utilizar y que cuando comete errores, que los comete con más habitualidad de lo que muchos creemos, como errores de identificación, de investigación o pericias mal reformuladas, hay personas que no solo son privadas de su libertad, son injustamente encarceladas, sino que además sus entornos personales, familiares y laborales quedan completamente destruidos.”

El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, relevó que los: “errores judiciales y de otros actores del sistema procesal penal ocurren mucho más de lo que querríamos. Solo durante el año 2022, más de 1.700 personas estuvieron en prisión preventiva y posteriormente fueron declaradas inocentes o no condenadas, ya sea por absoluciones, sobreseimientos o por la facultad que tiene el Ministerio Público de no perseverar en la investigación.”

“El Proyecto Inocentes es una oportunidad para que el Estado pueda resarcir sus errores y reparar el daño causado a quienes perdieron no solo su libertad sino también su dignidad. Nuestros profesionales de la Oficina Especializada de Derechos Humanos pondrán toda su experticia para así poder compensar el daño infligido. Como Corporación de Asistencia Judicial trabajamos día a día  por brindar un acceso a la justicia para quien lo requiera.”, puntualizó Rodrigo Mora Ortega, Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

 En la instancia participó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, junto con el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, y Rodrigo Mora Ortega, Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la región Metropolitana.

Son objetivos del convenio:

• Colaborar al acceso a la justicia y reparación de personas que fueron privadas de libertad injustamente, a través de asesoría jurídica en demandas por indemnización de perjuicios.

• Fortalecer la colaboración entre la Defensoría Penal Pública y la CAJ para defender los derechos de personas del proyecto inocentes.

• Contribuir al mejoramiento del sistema judicial chileno, previniendo futuros casos de injusticia.