En el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, la Subsecretaría de Justicia, Gendarmería de Chile, la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) suscribieron un Convenio para entregar a las mujeres orientación y ayuda jurídica y judicial en materia civil y de familia.
Actualmente, estas mujeres privadas de libertad reciben asistencia penal entregada por defensores penitenciarios, quienes pueden ayudarlas en materias relacionadas con la causa penal por la que fueron condenadas, pero no en ámbitos relacionados con su vida familiar y personal.
A partir de este acuerdo, las instituciones se comprometieron a enviar trimestralmente un listado a las distintas sedes de la Corporación de Asistencia Judicial del país, con los nombres de las personas que requieren atención y una descripción del caso que les afecta. Según lo previsto, una vez recibidos los nombres y casos, los abogados de la CAJ informarán sobre el calendario de visitas que efectuarán a los recintos penitenciarios para asistir a las afectadas.
En el caso de causas que se discutan ante tribunales de familia relacionadas con medidas de protección de niños, niñas y adolescentes que sean hijos de la condenada y que ameriten la derivación extraordinaria del caso, la información será enviada a la Corporación de inmediato. También se señala que Gendarmería deberá facilitar la visita extraordinaria del abogado, idealmente antes de la fecha de la audiencia fijada por el tribunal.
El Director General la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Alejandro Díaz Letelier, valoró la firma de este Convenio, ya que nos permite acercar la justicia a un grupo de mujeres vulnerables que requieren de nuestra labor, entendida como una forma de reinserción.
Antes y luego de la firma del convenio, abogados de la Corporación de Asistencia Judicial atendieron las consultas de las mujeres privadas de libertad que asistieron a la ceremonia.
Al 30 de junio de 2019 había 2 mil 72 mujeres condenadas y privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios femeninos del país. Mientras en el CPF de la Región Metropolitana hay alrededor de 650 internas, en el centro femenino de Valparaíso son 269 y en el de la Región de Tarapacá, 174. En más de la mitad de los casos (52,2 por ciento) las mujeres están condenadas por delitos de la Ley de Drogas. Además, mientras el 20 por ciento de las privadas de libertad tienen entre 25 y 29 años, otro 18 por ciento corresponde a ciudadanas extranjeras.
