- El abogado Rodrigo Mora asistió a la Comisión de Constitución junto al Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Valladares, para relevar los alcances de la iniciativa que busca aunar las cuatro CAJs que existen en el país.
El Director General de la Corporación de Asistencia Judicial RM, Rodrigo Mora, asistió hoy a la comisión de Constitución del Senado para explicar cómo funciona la CAJ, servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco del debate sobre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.
El abogado asistió a la instancia legislativa junto al Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Valladares.
En su intervención, el Director General informó a los legisladores que los casos ingresados a Orientación e Información alcanzaron 336 mil entre enero y diciembre del año pasado, destacando la importancia del servicio. “Es decir, es bastante lo que hace la Corporación en términos de absorber consultas legales que no necesariamente pasan a juicio, y en ellas observamos que las materias son requeridas mayoritariamente por mujeres que están solicitando asesoría en el pago efectivo de pensión de alimentos, divorcio y cumplimiento de alimentos”.
El director asimismo abordó los resultados de la Encuesta de Satisfacción Usuaria que, “si bien observamos que el 84% considera que los servicios de la Corporación son buenos o muy buenos, notamos es también que tenemos un área de mejora, porque tenemos un buen porcentaje de gente que le parece que los servicios pueden mejorar. Es decir (…) el servicio tiene también un desafío hacia el futuro”.
Además, señaló que “en lo que va del año hemos generado 78.000 consultas y aquí, en lo que refiere a la defensa de víctimas de delitos, en lo particular, una cobertura que, si bien está interesante, es una cobertura insatisfactoria, por lo cual celebramos lo que pueda hacer la Defensoría de las Víctimas para potenciar y concentrar organizacionalmente la defensa y la pretensión de víctimas en el futuro”.
El proyecto de ley sostiene que “el Servicio tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; del otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que se determinen al efecto en el reglamento referido en el artículo 17 y de apoyo sicológico y social en los casos en que corresponda según el mismo reglamento; de la asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y sicológico, en los casos y a través de los medios establecidos en la ley y en el reglamento, de las personas naturales víctimas de delitos; y de la administración del sistema de mediación familiar del Título V de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia”.
La iniciativa –que se encuentra con urgencia suma- busca crear una entidad descentralizada que aúna a las cuatro corporaciones que existen en el país con directores en cada una de las 16 regiones que no solo entregará asesoría y patrocinio jurídico, sino también atención integral con apoyo social y psicológico. Para ello, agrupará los programas de atención a víctimas de delitos violentos con los que cuentan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos (CAVI) y de Interior y Seguridad Pública (PAV).
