- Tras aprobarse por unanimidad en la Cámara, el Ministro Luis Cordero presentó este miércoles los ejes de la iniciativa, explicando que unifica las CAJs, centraliza el apoyo a víctimas de delitos y promueve la solución colaborativa de controversias mediante la mediación.
El ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero, expuso el miércoles ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado los ejes del proyecto de ley (boletín 13991-07) que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (Senajus), el cual comenzó su segundo trámite legislativo tras ser aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputados y Diputadas.
La iniciativa – que se encuentra con urgencia suma- unificará a las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), creando una entidad descentralizada con directores en cada una de las 16 regiones que no solo entregará asesoría y patrocinio jurídico, sino también atención integral con apoyo social y psicológico. Para ello, agrupará los programas de atención a víctimas de delitos violentos con los que cuentan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos (CAVI) y de Interior y Seguridad Pública (PAV).
Además, el proyecto promoverá la solución colaborativa de conflictos, a través de la mediación con el objetivo de evitar que disputas vecinales o de límites de terrenos, por ejemplo, lleguen hasta los tribunales.
En su exposición, el Ministro Luis Cordero explicó el incremento presupuestario que ha tenido el proyecto de ley, que nación de una moción del gobierno del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera. “Se partió con $1.000 millones que el ex ministro Hernán Larraín logró duplicar, la Comisión de Constitución lo detuvo, debido a que los consideró insuficientes. El proyecto, si bien se detuvo, esta administración logró añadir $10.000 millones”, manifestó el secretario de Estado.
El proyecto ingresó a trámite en enero de 2021. Posteriormente, la administración del Presiente Gabriel Boric ingresó indicaciones, en diciembre de 2023, y elevó su presupuesto de 800 millones a 12 mil millones de pesos.
La instancia legislativa -que presiden el senador PS Alfonso De Urresti- contó con la presencia del Director General de la Corporación de Asistencias Judicial Metropolitana, Rodrigo Mora, representantes de funcionarias y funcionarios de la institución agrupados en las asociaciones; y el próximo miércoles continuará con su análisis.
DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS
El objetivo es establecer una ventanilla única de atención prioritaria y generar un modelo común de intervención que mejore los servicios prestados a las víctimas de delitos violentos.
En particular, la Defensoría dará asesoría a las víctimas sobre sus derechos y medidas de protección que puedan solicitar a su favor. También orientación sobre los programas estatales a los que puedan acceder.
Asimismo, les entregará representación jurídica para posibilitar su participación en el proceso penal y atención psicosocial. Esto último con el fin de procurar la mitigación de los efectos negativos del delito y evitando su victimización secundaria.
NUEVE CLAVES DEL PROYECTO
- Reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), creando una entidad descentralizada y desconcentrada con directores en cada una de las 16 regiones.
- Tendrá cobertura nacional y estará presente en todos los lugares donde haya un tribunal de justicia.
- Reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
- Otorga representación universal a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la ley de garantías.
- En el caso de la Defensoría de las Víctimas y de la representación a NNA se otorgará una atención integral que considere atención jurídica y psicosocial.
- Propicia y facilita la solución colaborativa de conflictos, sin llegar a los tribunales
- Asesorará y representará a trabajadores y a adultos mayores cuyos derechos se vean vulnerados.
- Asesorará en temáticas de Derechos Humanos en casos de normativas antidiscriminación, migración y abusos por parte de agentes del Estado.
- El servicio estará sujeto a estándares que serán controlados con auditorías externas periódicas.
