• El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas iniciará su funcionamiento de manera gradual a partir de los 18 meses desde la publicación de la ley, comenzando en la zona norte del país —desde Arica hasta Valparaíso— y extendiéndose progresivamente hacia el centro y sur, hasta cubrir todo el territorio nacional en un plazo de 48 meses.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó esta jornada la ceremonia de promulgación de la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, iniciativa que permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y garantizar atención jurídica y psicosocial a las personas más vulnerables frente a los delitos.

El Mandatario estuvo acompañado por las ministras y ministros Jaime Gajardo (Justicia y Derechos Humanos); Álvaro Elizalde (Interior); Adriana Delpiano (Defensa Nacional); Nicolás Grau (Hacienda); Macarena Lobos (Segpres); Luis Cordero (Seguridad Pública); Giorgio Boccardo (Trabajo y Previsión Social); Paula Poblete (Desarrollo Social, subrogante); y Claudia Donaire (Mujer y Equidad de Género, subrogante). Además de los directores generales Carolina Fernandez (Cajta), Gastón Gauché (Cajval), Rodrigo Mora (CAJ RM) y Mauricio Decap (CAJ Biobío), y representantes de asociaciones de funcionarias y funcionarios.

El proyecto de ley fue ingresado al Congreso Nacional el 5 de enero de 2021 y, posteriormente, el Presidente Boric presentó una indicación sustitutiva el 24 de noviembre de 2023, incorporando un nuevo informe financiero que aumentó significativamente los recursos destinados a su implementación.

La nueva institucionalidad unifica la asistencia jurídica y la atención a víctimas de delitos en un solo servicio público, de carácter nacional y descentralizado, con presencia en todo el territorio a través de 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas con tribunales de justicia.

“Estamos en este acto promulgatorio de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Esta es una ley fundamental para nuestro país. Es un gran paso que está dando nuestro país para que todos los ciudadanos y ciudadanas (0:27) puedan acceder a la justicia, a una justicia oportuna, a una justicia eficiente, a una justicia profesional, sin depender de sus medios económicos. Por lo mismo es tan relevante porque el acceso a la justicia es lo que viabiliza el ejercicio de otros derechos, pero además estamos promulgando esta ley que crea la Defensoría de las Víctimas”, dijo el ministro Jaime Gajardo.

Entre los principales aspectos de la ley destacan: La creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, que entregará atención integral jurídica y psicosocial, especialmente a víctimas de delitos violentos; la promoción de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, como la mediación familiar obligatoria, para evitar la judicialización innecesaria; la entrega de asistencia jurídica especializada en materias de infancia, adultos mayores, derechos laborales y derechos humanos, entre otras; y la implementación de estándares de calidad y control en la atención a las personas usuarias, garantizando un servicio profesional, gratuito y de calidad.

El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas iniciará su funcionamiento de manera gradual a partir de los 18 meses desde la publicación de la ley, comenzando en la zona norte del país —desde Arica hasta Valparaíso— y extendiéndose progresivamente hacia el centro y sur, hasta cubrir todo el territorio nacional en un plazo de 48 meses.

La creación de este nuevo servicio implica la transformación de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, el Programa de Atención a Víctimas y el Sistema de Mediación Familiar Licitada, que se integrarán en una única institución pública con personalidad jurídica y patrimonio propio. Durante este proceso se garantiza la continuidad laboral y de funciones de las trabajadoras y los trabajadores que se incorporarán al nuevo organismo.

Con esta ley, el Estado de Chile da un paso decisivo hacia una justicia más cercana, inclusiva y humana, que asegure el acceso igualitario de todas las personas a sus derechos.