“Nosotros como Oficina de Corte de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana recibimos un recurso de protección que se había iniciado en el mes de marzo del año 2018 en la Corte de Apelaciones de Concepcion, por intermedio de la CAJ Biobío, en representación de la madre del niño señalado por sus iniciales C.A.F.D., Daniela Brigitte Díaz Hernández”, señala Jorge Palma Daza, Abogado Jefe de la Oficina de Corte de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana.
Agrega el profesional que “Este recurso de protección consistía fundamentalmente en que existe un niño de e poco más de un año, que padece de atrofia muscular espinal (AME) y necesitaba que se suministrara en medicamento Nusinersen (Spinraza) cuyo valor por cada una de las dosis es de unos 125 mil dólares. Lamentablemente, la Corte de Apelaciones de Concepción desestimó que no se había vulnerado por parte del Servicio de Salud Concepción, Fondo Nacional de Salud Fonasa y Ministerio de Salud, los derechos que se citaban como infringidos que eran el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física del niño y la discriminación económica, atendida la condición socioeconómica de la madre”.
La Oficina de Corte ante la I. Corte Suprema
La Oficina de Corte de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana se encarga de la tramitación de causas propias y derivadas ante la I. Corte Suprema. Por ello, se realizó la apelación de este recurso ante el máximo tribunal de la república.
“Excepcionalmente la Corte Suprema concedió en este caso los alegatos y asumimos la representación del niño. En nuestro argumento ante estrado reiteramos la vulneración de derechos antes señalados y señalamos que aunque se hubieran agotado los recursos para proporcionarle el medicamento que requiere, la corte debería arbitrar los medios para que finalmente fueran entregados por quien correspondiera”, explica Jorge Palma Daza, Abogado Jefe de la Oficina de Corte.
La Tercera Sala acogió la acción cautelar presentada por la madre del menor, Daniela Brigitte Díaz Hernández, y ordenó a las partes demandadas cubrir el tratamiento con el medicamento Nusinersen (Spinraza), que se utiliza para tratar la atrofia muscular espinal (AME) que sufre el niño, y que no está cubierta por la ley Ricarte Soto.
En fallo dividido se establece que “si bien es cierto las consideraciones de orden económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la Constitución Política de la República, que prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos”.
“Nosotros pensamos que este fallo sienta un precedente en otros caos muy parecidos, ya que la corte le está ordenando al estado que proporcione el medicamento, atendido a que la única posibilidad que el niño pueda tener vida en el largo plazo, es que se tomen las medidas inmediatas para el tratamiento médico le sea proporcionado”, concluyó el abogado.
VER FALLO: /wp-content/uploads/2018/11/sentencia-17043-2.pdf
