Rodrigo Mora asumió como director general de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana hace casi cuatro meses, designado por el Consejo Directivo del organismo. Para su postulación propuso un “plan a 100 días”, que dice “se ha ido concretando”, y plantea como uno de sus objetivos lograr que el organismo “pueda generar (…) grandes contribuciones para minimizar o disminuir la sensación de abuso que existe en muchas comunidades de la sociedad”.

 

“Llevar a la Corporación a un nuevo estándar”, dice que es su objetivo. Hace casi cuatro meses, el abogado Rodrigo Mora Ortega asumió como director general de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ) y desde entonces —explica— inició varias iniciativas que apuntan a realizar cambios en la orientación y asesoría jurídica del país.

 

Fue elegido de forma unánime, el pasado 8 de agosto, cuando contó con el respaldo de los consejeros Marta de la Fuente, Francisca Vargas y Daniel Martínez; del seremi de Justicia y de Derechos Humanos de la Región Metropolitana, Jaime Fuentes y de dos profesores representantes de universidades, Jaime Castillo, de la U. Católica, y Rubén Burgos, de la U. de Chile.

 

“El ministro de Justicia, Luis Cordero, y el Consejo Directivo me llamaron”, cuenta en entrevista con El Mercurio Legal, y agrega que su perfil les pareció “interesante”: más de 15 años de trayectoria, tanto académica, en su rol de profesor en materias de transparencia y probidad, como administrativa.

 

Además, su carrera profesional ha estado enfocada en el sector público y apenas egresó de la Universidad de Chile, en 2003, entró a trabajar al Ministerio de Secretaria General de la Presidencia durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet. También se ha desempeñado como abogado en la Dirección de Presupuesto, en la Subsecretaría de Transporte y, hasta hace poco, fue Jefe Unidad de Transparencia y Lobby en el Ministerio de Salud.

 

“Es una tradición y es muy notable la experiencia que se genera”

 

Uno de los debates que cada cierto tiempo reflota es el de la práctica obligatoria en la Corporación — gratuita y durante seis meses— para los futuros abogados que han terminado sus estudios y deben jurar luego antes la Corte Suprema.

 

—LA CAJ recibe a abogados practicantes, ¿qué evaluación realizan respecto de los titulados que llegan?

 

—Tenemos un gran desafío, porque finalmente la CAJ no es solamente prestadora de servicios jurídicos, sino que también estamos llevando y supervisando a gente que en el futuro va a tener la carrera de derecho y va a poder ejercer su profesión de abogado. “Datos que observamos con preocupación son la cantidad de renuncias que a veces tenemos por parte de practicantes, porque la pandemia también nos afectó, y supongo que también afectó la salud mental de los estudiantes y de aquellos egresados. Estamos tratando de seguirlo, de mirar con ojo la calidad de la supervisión jurídica que se hace, de la cantidad de causas y cuáles son finalmente las ponderaciones que se están usando para evaluarlo”.

 

—Se ha discutido que se acabe con la obligatoriedad, cuál es su visión al respecto?

 

—Creemos que la práctica profesional que se hace ante la Corporación de Asistencia Judicial es un pilar del sistema de acceso a la justicia, como también lo es para la formación de los futuros abogados. Creo que es una tradición y es muy notable la experiencia que se genera con el tiempo por parte de los estudiantes.

 

—¿Cuál es la carga que tienen los practicantes?

 

—Son seis meses y en ese periodo tienen una carga de 100 casos, más o menos, en tribunales. En algunos casos más, en otros menos, pero tenemos practicantes estupendos. Por ejemplo, en la clínica que tenemos especializada en materia civil y de familia hubo un practicante nuestro que consiguió el pago de indemnización para una persona que se cayó de una escalera. Esos siempre se valoran y se recuerdan”.

 

—¿Son partidarios de mantener esa carga?

 

—Sí, estamos de acuerdo con las cargas que hay. Esto ha sido bueno y es algo que no se encuentra mucho en otros países. La verdad que en otros países existe la institución del abogado del turno, pero en materia de prácticas profesionales, lo que hace la corporación con los estudiantes de Derecho es prestar un servicio también que es potente.

 

—¿Las clínicas jurídicas generan un buen insumo para esa capacitación de los futuros profesionales?

 

—Sí, sin duda. Las clínicas jurídicas son tremendas en establecer espacios de crecimiento y formación profesional. Lo bueno es que con el tiempo estas se han extendido cada vez más en las áreas de cobertura. “Cuando empecé a estudiar Derecho, hace 20 años atrás en la Universidad de Chile, teníamos clínicas bien determinadas, eran básicamente de litigio. Después empezaron a generarse clínicas de actos y contratos, tributarias, y ahora encuentras clínicas de interés público con focalización en inmigrantes, de acceso a la información, entre otras”.

 

—¿Qué otros desafíos creen que tienen esta asistencia judicial que se ofrece, a más a largo plazo?

 

—Consolidarse institucionalmente como un servicio tradicional, que la CAJ sea un servicio público cercano y que pueda generar grandes contribuciones en la paz social de las comunidades y grandes contribuciones para minimizar o disminuir la sensación de abuso que existe en muchas comunidades de la sociedad chilena.

 

—¿Han aumentado sus casos, por ejemplo, por delitos relacionados con el crimen organizado? ¿Esta situación los ha afectado en la asistencia judicial que prestan?

 

—En materia de crimen organizado tenemos poco que ver, porque no estamos en el ecosistema de persecución penal. Sin embargo, tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, con el cual tenemos un acercamiento, digamos que va de la mano a veces y tenemos acercamiento a delitos que no son solamente aquellos de violencia intrafamiliar, sino que también homicidios, lesiones, robos.

 

“A pesar de ser un programa que funciona muy bien, un programa útil dentro de nuestras corporaciones y de nuestro centro, creo que tenemos un poco la temperatura del estado actual. Pero también tenemos una gran satisfacción con lo que a nuestra labor se refiere, que es poder generar mecanismos de justicia reparatoria para los individuos que se acercan a nosotros”. Mayor visibilización y alianzas Para postular al cargo cuenta que propuso un “plan a 100 días”, que busca fortalecer el trabajo de la CAJ y que tiene previsto finalizar este mes. “Este proyecto, a corto plazo, se ha ido concretando”, precisa.

 

—¿En qué consiste y cómo se ha materializado ese plan?

 

—El primer hito es lograr la visibilización del trabajo de la corporación. En un segundo punto, está aumentar nuestras alianzas con el ecosistema judicial, centros de estudio, universidades, clínicas jurídicas y otros servicios públicos. Y también, en otro sentido, en el mejoramiento de la infraestructura, ahí hemos hecho una gran inversión.

 

—¿De cuánto ha sido esa inversión?

 

—Ha habido una financiación de más de $1.300 millones en infraestructura de centros de Niñez y Adolescencia se Defiende (NAD) —especializado en la representación judicial de menores de edad— de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, la cual tiene jurisdicción en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes y la Antártica Chilena. Además, se destinaron $258 millones a centros con otras líneas de acción y $567 en soportes tecnológicos.

 

—¿Y de qué manera han enfrentado los problemas de visibilización de la CAJ que comenta?

 

—Tenemos la gran ventaja de estar trabajando con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y con el ministro Luis Cordero. También queremos mostrarnos con el mundo del derecho, el ecosistema judicial, los colegios de abogados, las clínicas jurídicas y universidades, entre otras instituciones. Ahí está nuestro plan, y creo que lo hemos ido desarrollando con bastante ambición. “Me he reunido con diversas autoridades, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el decano de Derecho de la Universidad Católica, Gabriel Bocksang, y profesores especialistas en políticas públicas, por ejemplo”.

 

—¿Por qué se da ese problema? ¿Es una dificultad histórica de la institución?

 

—Creo que la visibilización del ecosistema judicial tiene mucho que ver con que las corporaciones están ajenas a los ciclos políticos y, a veces, no tenemos la posibilidad de mostrar nuestro trabajo adecuadamente. Son énfasis básicamente de la administración del Estado y no tiene que ver con directores puntuales.

 

Mejorar el acceso a la justicia en la infancia

 

—Uno de los lineamientos más importante de la CAJ es permitir el acceso a la justicia y para ello cuentan con diversos programas de asistencia judicial, ¿Cuál es la evaluación de ellos?

 

—Funcionan bastante bien. Ahora nos estamos especializando en entregar la mitad de nuestros servicios hacia la protección de la familia. Por ejemplo, tenemos la Línea Niñez y Adolescencia se Defienden (NAD) y el Programa Mi Abogado (PMA). “En particular el PMA funciona para niños y adolescentes que están en modalidades de cuidado alternativo o en modalidad cerrada, y el NAD, para todo tipo de niños que requieran representación judicial, básicamente vulnerables. También está el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), donde se ven casos de delitos violentos en toda su extensión”.

 

—¿A qué se debe esta nueva agenda enfocada en la infancia? ¿Qué diagnóstico se efectuó para considerar que en este plano había una falencia?

 

—Viene desde el Presidente, él nos ha establecido la prioridad de que nosotros podamos poner todos nuestros esfuerzos en mejorar el acceso a la justicia en la infancia. Para ello contamos con recursos, instalaciones y salas de cuidados, pero lo más importante es que esta corporación tiene áreas de profunda vocación social. “La CAJ cuenta con 1.250 profesionales capacitados, que, incluso, hacen muchos más de lo estipulado. En la actualidad, tenemos cuatro corporaciones centrales que tienen despliegue en todas las regiones del país”.

 

—Siguiendo la línea sobre el acceso a la justicia, la asociación de funcionarios y profesionales de la CAJ instaron al Consejo Constitucional a que se estableciera este derecho en el texto. ¿Qué le pareció que se incluyera en un artículo?

 

—Hay algo que es interesante (…) y es que se establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas. Eso es algo que también va conjunto con un plan del ministerio.