Director General Alejandro Díaz Letelier participó en workshop “User centered design & legal design labs. Learning to improve access to justice with technology” organizado por Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y con el apoyo de Tinker Foundation.

El evento realizado en formato híbrido, incluyó la participación de invitados extranjeros de modo telemático y nacionales de manera presencial, y tuvo como objetivo que actores relevantes en materia de acceso a la justicia de los ámbitos público y privado, pudieran compartir experiencias y aprender de diferentes iniciativas de diseño centradas en el usuario destinadas a mejorar el acceso a la justicia civil, en el marco del crecimiento acelerado de las tecnologías en el sector justicia debido a la pandemia por COVID-19 y discutir desafíos institucionales, oportunidades y estrategias relacionadas.

En su presentación en Director General agradeció la invitación a los gestores de la iniciativa Ricardo Lillo, académico de la Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez y director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas; Caroline Kronley, Presidenta de Tinker Foundation; e Isabel Aninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el marco de los desafíos tecnológicos que permitan disminuir las barreras de acceso a la justicia civil, el Director General señaló que la creación de la Oficina Judicial Virtual (OJV) y la entrada en vigencia de la ley 20.886  sobre Tramitación Electrónica, contribuyeron a paliar las barreras de acceso a la justicia civil y en especial a disminuir en parte los tiempos de tramitación relacionado a algunas actuaciones o gestiones dentro del proceso, sin embargo, agregó que resulta fundamental una reforma procesal para mejorar el acceso a la justicia civil y beneficiar a quienes requieren acceder a ella, equiparándolos con aquellas personas que son parte en los demás procesos reformados. Una muestra de ello, ejemplificó, lo constituye el número de gestiones que una persona que es parte en un juicio puede realizar personalmente sin patrocinio de abogado a través del “Trámite Fácil”. En el caso de los juicios civiles, sólo existen 3 opciones (desarchivo, señala domicilio y solicitud de giro de transferencia electrónica), sin embargo, en los demás procedimientos las opciones son mucho mayores y efectivamente producen un avance en el juicio, como es el caso de los procesos sometidos a la competencia de los tribunales de Familia, respecto de los cuales la OJV contempla 20 trámites a las que la parte puede acceder, incluso para realizar por ejemplo una denuncia por VIF o vulneración de derechos en el caso de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, en relación con las claves para una correcta digitalización con el objeto de facilitar el acceso a la justicia civil de las personas, señaló algunas propuestas:

• Reforzar permanentemente los sistemas informáticos y de soporte técnico de los tribunales de justicia, a fin de evitar la pérdida parcial o total de información o la intermitencia del sistema como ocurre durante algunas horas del día en que no se puede acceder a la Oficina Judicial Virtual.
• Limitar el acceso a los procesos judiciales civiles de cualquier persona (hoy son públicos), como se limita en materia de familia, permitiendo sólo el acceso a quienes son partes o representantes judiciales, por ejemplo, pudiendo sólo éstos acceder a su causa e ingresar a la OJV mediante la clave única.
• Mantener las reformas procesales que fueron incorporadas por la Ley 21.394 ya que la mayoría de ellas tienen una vigencia determinada pues responder al periodo en que se mantenga el Estado de emergencia sanitaria o la alerta sanitaria.
• Mantener la realización de audiencias, comparendos y alegatos a través de medios virtuales, no sólo cuando ambas partes accedan a ello sino como una opción que pueda tomar cualquiera de las partes cuando así lo estime o porque atendidas sus circunstancias personales dicha forma de comparecencia le es más conveniente.

Y, por último, conformar una mesa de trabajo con las instituciones vinculadas al acceso a la justicia, y representantes de los tres poderes del Estado, a fin de propiciar modificaciones legales que permitan agilizar la tramitación de los procesos civiles, mientras no sea posible efectuar una gran reforma procesal civil.