• El director general Rodrigo Mora dijo que “es nuestro deber preparar el servicio para sus nuevos derroteros”, ante el avance del proyecto que crea al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Participaron el subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, el seremi Jaime Fuentes y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.

 

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana desarrolló ayer miércoles su cuenta pública participativa 2024 de la gestión 2023, actividad que contó con la participación del subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano; el presidente del Consejo Directivo de CAJ Metropolitana, seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes; y el decano de Derecho de la U. de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.

 

A la actividad que se extendió por dos horas y que contó también con la exhibición de videos con la experiencia de personas usuarias y de profesionales de la institución, asistieron el director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ignacio Achurra, representantes de la Defensoría Penal Pública, de las universidades Católica, Diego Portales, Andrés Bello, O’Higgins, Talca, de municipalidades y miembros del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), entre otros invitados.

 

La cuenta pública participativa contó con un saludo inicial del decano Ruiz-Tagle, quien rememoró su paso por la Corporación de Asistencia Judicial. “Recuerdo especialmente al abogado que dirigió mi trabajo con generosidad, con apertura de mente, con un compromiso innegable con las personas más necesitadas y cómo atenderlas. Aprendí algo que no se enseña en la universidad que son los límites del derecho, la incapacidad que tienen las normas jurídicas en situaciones concretas de resolver los problemas”.

 

“Y díganme ustedes si es que uno no percibe eso, cuando se trata de definir una pensión de alimentos de quien no tiene con qué pagarla o que la paga a medias. Y aunque el juez diga una y otra cosa, el límite del derecho está a la vista. Qué importante es aprender esas cuestiones en un país como el nuestro, en nuestra querida patria, donde hay tantas situaciones de vulnerabilidad social y económica. Entonces esa tremenda labor pedagógica, esa formación práctica profesional que hacen las corporaciones de asistencia judicial va mucho más allá que la enseñanza del Derecho”, manifestó.

 

A continuación, tomó la palabra el subsecretario Altamirano, quien señaló: “Quisiera partir recordando que las cuentas públicas son un ejercicio muy relevante de la democracia actual, y que nuestro Presidente de la República, Gabriel Boric, nos ha solicitado que además sean públicas y participativas. Y en ese ejercicio quisiera partir reconociendo la importancia de la labor que realizan cotidianamente funcionarias y funcionarios de las corporaciones en todo Chile y, en especial, en este caso, de la RM. No basta con que nosotros tengamos una respuesta específica, acotada, en función del tamaño de la billetera de la persona que requiere esa justicia. Debemos como Estado, por tanto, plantearnos qué tipo de respuesta le damos a la ciudadanía que en su gran mayoría no tiene esas capacidades financieras”.

 

Por su parte, el seremi y presidente del Consejo Directivo de la Corporación recordó que el Senado debate el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. La iniciativa, que ya fue aprobada de forma unánime en la Cámara de Diputadas y Diputados y que se encuentra en su debate en particular en la Comisión de Constitución del Senado, tras tener luz verde en la Sala, unifica a las cuatro corporaciones existentes en el país que cuentan con jurisdicción macrozonal.

 

“Tenemos un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, un proyecto que viene principalmente a elevar los estándares de calidad, a reforzar también los profesionales, pero por, sobre todo, las atenciones que nosotros podamos brindar a quienes más la necesitan. Ese es un compromiso que tenemos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y es un compromiso que transversalmente se ha podido implementar en el último tiempo y esperamos que esta legislación salga lo antes posible”, afirmó.

 

Sobre la iniciativa de ley, el director Mora señaló que “no es invisible para este director general ni para la Corporación de Asistencia Judicial que esta es muy posiblemente la última cuenta en la cual este servicio se refiere a sí mismo con esta configuración jurídica. Sin embargo, aun cuando los tiempos legislativos siguen avanzando, es nuestro deber preparar el servicio para sus nuevos derroteros”.

 

Luego subrayó que “la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana es parte de un ecosistema, de una visión particular de Estado que sostiene el acceso a la justicia gratuito, expresado en asistencia jurídica y judicial como un derecho fundamental, y esta Corporación es una manera fuerte y digna de expresarlo, en todas sus líneas de trabajo. Renunciar a la gestión diaria significaría abrogar las expectativas de tantos y tantas ciudadanas y personas comunes y corrientes, lo cual resulta intolerable en un estado constitucional de derecho”.

 

PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL AUMENTAN UN 59%

 

La Corporación -con jurisdicción en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes y la Antártica Chilena- atendió e ingresó al Servicio de Orientación e Información a 233.354 personas, de las cuales surgieron 336.809 casos (una persona puede requerir más de un servicio). De estas, por ejemplo, el 65% son mujeres, 4% son personas migrantes, 14% se dedica a labores del hogar, 9% son jubilados o pensionados y 30% son estudiantes.

 

Asimismo, la nueva ley de pensión de alimentos marcó las atenciones en 2023 en los consultorios de atención jurídica social, con un 30%. Además, hubo un 14% de ingresos relativos a consultas relacionadas a divorcios.

 

También aumentaron exponencialmente los casos de curadurías de NNA. Uno de los ocho centros de víctimas, el CREDEN, tiene atención especializada en ellos. Hubo 89.407 ingresos a tribunales de causas de curaduría, cifra inédita.

 

En el Programa Mi Abogado fueron ingresados 3.052 niños, un incremento del 11% respecto de 2022. En La Niñez y Adolescencia Se Defienden se ingresaron 68.256 NNA con un promedio mensual de 5.600 NNA, muy superior a la experimentada en el periodo de instalación en los últimos meses de 2022 (aprox. 2.800). Se ingresaron 81.259 causas, con un promedio mensual de 6.772 y se terminaron 18.304, siendo el 99,9% en materias de familia. Se mantienen 71.134 causas vigentes.

 

Con el Programa Mi Abogado (2018) y la Línea Niñez y Adolescencia se Defienden (2022), se consolidó en la Corporación la atención focalizada de niños, niñas y adolescentes.

 

Respecto a la defensa y atención integral a víctimas de delitos violentos, hubo un total de 1.524 causas ingresadas a tribunales, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior.

 

Mientras que en lo relativo al patrocinio y representación judicial, las causas ingresadas a tribunales aumentaron un 59%, pasando de 96.532 en 2022 a 153.759 en 2023. Este incremento se explica fundamentalmente por la creación de la nueva línea especializada “La Niñez y Adolescencia se Defienden”, la cual comenzó en septiembre de 2022 y cambió la distribución histórica de cobertura. Hubo 103.532 causas terminadas, lo que representa un alza del 37% respecto al año anterior.

 

En cuanto a la solución colaborativa de conflictos, ingresaron 5.308 casos, lo que representa un alza del 9% respecto de 2022, con un 75% de éxito.

 

LAS PRÁCTICAS

 

La pandemia y el teletrabajo trajeron cambios de hábitos, pero la presencialidad es clave para fortalecer la carrera del abogado y de la abogada. Es por eso que la Corporación adoptó las siguientes decisiones tendientes a fortalecer sus habilidades forenses: asistencia presencial a alegatos en Cortes de Apelaciones y Marciales (cuando el postulante tuviere causas asignadas en tabla), aun cuando la contraparte haya solicitado alegatos electrónicos; y la asistencia obligatoria y en calidad de oyente a lo menos a cinco alegatos en la Corte de Apelaciones más cercana al lugar donde se encuentren realizado su práctica, o bien, tratándose de postulantes de Santiago, u otros interesados de regiones, se pueda cumplir con escuchar tales alegaciones en la propia Corte Suprema.