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Chile avanza en la protección de los derechos de las víctimas de delitos

  • La fiscal de la Comunidad de Madrid, Concepción López-Yuste, y experta del programa Eurosocial de la Unión Europea, realiza una misión técnica al Ministerio de Justicia de Chile en el marco de un proyecto que busca fortalecer el acceso a la justicia y la defensa de las víctimas de delitos en Chile.

 

Dentro del proyecto destinado a reforzar el acceso a la justicia y proteger a las víctimas de delitos en Chile, la Fiscal Concepción López-Yuste, ex Directora General del Servicio Público de Justicia y experta del programa EUROsociAL de la Unión Europea, está llevando a cabo una misión fundamental para impulsar su desarrollo.

 

El proyecto de ley iniciado en enero de 2021 y actualmente en proceso de tramitación en el Congreso Nacional, pretende fusionar los servicios existentes en el país para crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

 

La iniciativa, respaldada por el Presidente Gabriel Boric, contempla la creación de un servicio público descentralizado que unifique la oferta de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) y el Programa de Apoyo a Víctimas. Esto permitirá otorgar asesoría, defensa y representación jurídica a aquellos ciudadanos que no pueden procurárselas por sí mismos o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó en el inicio de la misión que la colaboración internacional y la asesoría experta “son claves para avanzar en fortalecer el trabajo por el Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. El proyecto que se tramita en el Congreso contempla un avance significativo en los servicios de asistencia y defensa jurídica integrales en todo el país”.

 

Por su parte, Enrique O´Farrill, Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), destacó la importancia de conocer la experiencia europea, “que a partir de procesos similares, pone a disposición el intercambio de buenas prácticas y modelos implementados. En ese contexto, la cooperación internacional se presenta como una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas que pretenden hacer frente a los constantes desafíos que enfrentan los países de nuestra Región, poniendo en el centro a las personas y mejorando las condiciones de vida de las poblaciones”.

 

 

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