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Ministro de Justicia alerta sobre el desafío de las economías ilícitas y la criminalidad

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, resaltó hoy que para enfrentar las economías ilícitas generadas por la criminalidad se requiere que exista transversalidad en las políticas y que ningún sector ideológico se apodere de este combate, puesto que ese flagelo afecta a la sociedad en su conjunto.

 

 

El secretario de Estado hizo la reflexión durante la cuenta pública ministerial, en la que estuvo acompañado por los Subsecretarios de Justicia, Jaime Gajardo; y de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, así como de las Directoras y los Directores de servicios; Gendarmería de Chile, Sebastián Urra; del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez; del Servicio Médico Legal, Marisol Prado; de la Defensoría Penal Pública, Carlos Mora; de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, Rodrigo Mora; director subrogante del Registro Civil e Identificación, Jorge Zuñiga.

 

 

También estuvieron presentes, el Presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; Vicepresidente del Senado, Matías Walker; el Diputado Leonardo Soto y las Diputadas Alejandra Placencia y Lorena Fríes; Presidente del CDE, Raúl Letelier; Fiscal Nacional (s) Héctor Barros; Directora del INDH, Consuelo Contreras; Defensor de la Niñez, Anuar Queisille; Presidente Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo; además de representantes de la sociedad civil, organizaciones de Derechos Humanos y de otros organismos públicos.

 

El ministro Cordero planteó los principales ejes de la gestión del sector Justicia y Derechos Humanos, resaltando en primer término la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda y los desafíos que tiene para contribuir en el establecimiento de la trayectoria de las víctimas de desaparición forzada, para lo cual incluso se utilizará la inteligencia artificial. Asimismo, señaló como un hito relevante el inicio de la labor del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte y su continuación este año la implementación en la macrozona sur, de manera que comience a operar en enero de 2025.

 

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Puntualizó también en el desarrollo de una nueva política penitenciaria, que incluye un plan maestro de infraestructura, a partir de los proyectos anunciados por el Presidente Boric en su cuenta 2023, los que están todos en ejecución. A ello hay que agregar otras iniciativas consideradas en el presupuesto 2024 y las que se están considerando para el presupuesto de 2025. También subrayó los avances en la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, que ofrecerá una atención integral y aseveró que no se volverá a dejar de considerar el drama que viven quienes son objeto de delitos. Dijo que este organismo atenderá a las víctimas como corresponde.

 

La autoridad de Justicia y DD.HH también acentuó que los Servicios llevaron adelante un gigantesco cúmulo de atenciones, como por ejemplo el Registro Civil e Identificación, que superó las 68 millones de atenciones y regularizó las atenciones de documentos de identificación que se habían atrasado producto de la pandemia.

 

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Luis Cordero puntualizó asimismo en el amplio trabajo legislativo que lleva adelante su cartera, con varias iniciativas ya despachadas por el Congreso y en plena vigencia. Entre ellas destacó la ley que redujo los trámites notariales, la ley contra los delitos económicos, las leyes que fortalecen a Gendarmería para enfrentar el crimen organizado, así como la que crea la Fiscalía Supraterritorial. Asimismo, indicó que esta agenda sigue adelante para enfrentar los abusos, el crimen y mejorar la atención de los organismos públicos.Concluyó haciendo una reflexión sobre el desafío de desarrollar una acción coordinada pública y privada para enfrentar las economías ilícitas. Dijo que “los esfuerzos que hagamos carecerán de eficacia, y sólo podrán ser mínimamente efectivos si no somos capaces de comprender la globalidad del fenómeno, y sus redes e implicancia, tanto dentro de nuestras fronteras como en el mundo y el continente. Las condiciones sociales de polarización, ciertas áreas de carencia estatal, el propiciar el miedo establecen condiciones adecuadas para la operación de las economías ilícitas”.

 

El ministro Luis Cordero apuntó que “la seguridad no sólo entraña orden. Las sociedades justas, pacíficas e inclusivas son sociedades seguras. Entonces, invertir en seguridad es invertir también en derechos humanos”.

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