Alejandro Díaz Letelier, Director General Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana expone proyecto de ley que “Crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos” ante Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Cámara de Diputados y Diputadas.
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Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos
Nuestro país ha dado importantes pasos hacia la modernización del sistema de justicia, tanto a nivel institucional como procedimental, en las más amplias y diversas áreas del derecho, buscando la protección de los derechos de distintos sectores de la población. Es así como la actividad legislativa ha puesto su foco en la defensa de las mujeres, niños, niña y adolescentes, adultos mayores, pueblos originarios y consumidores, entre otros. Lo anterior, es reflejo de un Estado en constante búsqueda del amparo a nuevas situaciones o circunstancias que afectan el bienestar de grupos especialmente vulnerables, y de la ciudadanía en general.
Como contrapartida al reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, es deber del Estado garantizar el acceso a la justicia, con el objetivo que esta protección encuentre una correcta materialización en el ejercicio de las acciones judiciales que la Constitución y las leyes establecen. En este sentido, la oferta estatal de defensa y representación jurídica de aquellas personas que no pueden procurar el ejercicio de este derecho está radicada en las Corporaciones de Asistencia Judicial, las que, organizadas en cuatro organismos público, cada uno con organización y personalidad jurídica propia, representan la puerta de entrada al sistema de justicia de nuestro país para gran parte de la población.
Herederas de los Consultorios Jurídicos de los Colegios de Abogados, desde la década de los ochenta, se han constituido la gran oferta estatal en materia de acceso a la justicia, definiendo – por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- las distintas líneas de atención, tanto a nivel general, como especializada respecto de grupos de especial protección. De esta manera, solo durante el año 2019, 650.496 personas recibieron asesoría u orientación legal por parte de las Corporaciones de Asistencia Judicial en distintas áreas como derecho civil, laboral, familia y penal; con 13.461 casos gestionados a través de métodos de solución colaborativa de conflictos; y 177.609 que obtuvieron el patrocinio judicial para la defensa de sus derechos ante Tribunales de Justicia. Otro dato importante, es que, respecto de la atención de víctimas de delitos, se atendieron 3.355 personas, lo que permitió el patrocinio judicial de 1.917 casos, mediante la interposición de querellas y demandas en materias relacionadas.
Sin embargo, desde su creación, se ha advertido que, por su especial constitución, es necesario una reforma estructural de las mismas, a fin de establecer lineamientos generales y únicos para todos los órganos, sin que su administración desconcentrada sea una barrera de acceso para la ciudadanía. De esta manera, si bien existen lineamientos técnicos y programáticos comunes, con componentes transversales a los cuatro organismos, resulta esencial establecer de manera uniforme y homogénea la oferta y calidad del servicio, a fin que cada ciudadano pueda, sin importar el lugar donde así lo requiera, acceder a un alto nivel de protección de sus derechos; otorgando una respuesta oportuna la necesidad jurídica de toda la población que lo requiera, y constituyéndose como un elemento de fortalecimiento del acceso a la justicia, lo que brinda en definitiva una correcta satisfacción de esta importante necesidad ciudadana, fortaleciendo así la paz y cohesión social en torno a la justicia.
Por lo anterior, presentaremos un proyecto de ley que tiene por finalidad la creación de una nueva institucionalidad que permita disponer de manera adecuada de distintos mecanismos de protección de los derechos de la ciudadanía; constituyéndose como una eficaz herramienta al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, mediante la implementación de diferentes líneas programáticas.
Dentro de la estructura de este nuevo Servicio, cobra vital importancia la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos, que se concibe bajo un criterio de universalidad, tanto en términos de acceso de la ciudadanía, como también, respecto de los delitos que puede conocer, con especial énfasis, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.
De esta manera, se da cumplimiento a lo comprometido en el Programa de Gobierno, como también en la Agenda Social de 2019, creando una instancia que facilita el acceso y fortalece la defensa jurídica y el apoyo social y sicológico a las víctimas de la delincuencia.
Objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto es generar una nueva institucionalidad que permita el correcto y oportuno ejercicio del derecho al acceso a la justicia de todas las personas que busquen satisfacer una necesidad jurídica, en orden preventivo, administrativo o judicial; incluyendo entre sus líneas apoyo jurídico, sicológico y social.
a. Creación de un nuevo Servicio.
Se crea un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se requiere la integración de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judiciales, que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía; reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, lo que permitirá un fortaleciendo de ella, con foco en la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables, y Derechos Humanos – mediante la contratación a nivel nacional de abogados que puedan asesorar y representar personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración-, entre otros aspectos.
Este Servicio tendrá como principio orientador launiversalidad en la información y orientación (asesoría jurídica); la promoción y educación en derechos; la solución colaborativa de conflictos; y la defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos, o se encuentren en situación de vulnerabilidad. A su turno, considera cuatro líneas de acción:
i. Línea General: engloba la oferta programática que actualmente tienen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia civil, laboral, de familia, entre otros.
ii. Defensoría de Víctimas de delitos.
iii. Línea de Derechos Humanos: considera la asesoría y representación jurídica a personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales).
iv. Línea Especializada: considera toda la oferta programática cuyo foco es algún determinado sector de la población. Por ejemplo, Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes, y Defensa Integral de Adulto Mayor.
b. Creación de la Defensoría de Víctimas de delitos.
Dentro de la institucionalidad ligada al proceso penal, hoy no existe una institución pública que se haga cargo de las expectativas de la víctima, situándola así en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese. En definitiva, lo que busca este proyecto es el fortalecimiento del rol de víctima en el proceso penal, a través el establecimiento de un nuevo mecanismo de acceso a la información en el proceso mediante la representación de la víctima por parte del Servicio ante el Ministerio Público, pudiendo en base a ello solicitar la información relativa al curso de investigación, lo que repercutirá en el deber de orientación acerca de sus derechos y la forma de hacerlos valer; y el establecimiento de mayores derechos en favor de la víctima como el derecho – de existir motivos graves y calificados- a reservar su identidad en la acusación, y el derecho de intervención durante el periodo de ejecución de la pena o medida de seguridad de su ofensor.
Por lo anterior, la creación de esta Defensoría con foco en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de delitos, considera la atención y representación jurídica, psicológica y social, a personas naturales que carezcan de defensa en su rol de víctimas en materia penal, estableciendo la universalidad plena en términos de acceso, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.
Su estructura se concibe mediante la integración de los actuales Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, generando una oferta nacional debidamente coordinada al alero del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
c. Creación de un Consejo Nacional de Acceso a la Justicia.
Con el objeto de contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, se crea un Consejo Nacional, cuyo objetivo principal es el de generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia. Integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, se busca constituir este Consejo como una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de resultados de ellos, tanto a nivel nacional como regional.
