La Corporación Administrativa del Poder Judicial realizó una capacitación a jueces, fiscales y defensores del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, a través de la dinámica de “role play” de simulación de juicio oral para la utilización y validación de la Sala Especial de Declaración de Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, acondicionada en el tribunal.
Esta actividad sirvió para que todos los actores involucrados del proceso judicial que involucre a niños, niñas y adolescentes pudieran interiorizarse de su funcionamiento y resolver dudas sobre cómo se realiza su uso en forma práctica.
Dada la vasta experiencia en materia de trabajo jurídico con enfoque reparatorio de víctimas de delitos violentos, los profesionales Fernando Burgos, Abogado, y Marcela Estrada, Psicóloga, fueron invitados a participar en la capacitación para asumir los roles de querellante y víctima respectivamente.
Esta invitación, se enmarca en reconocimiento a un trabajo de años del Centro Integral de Atención de Víctimas CAVI de Santiago, en la perspectiva evitar la victimización secundaria de los más vulnerables. Medida de protección sobre las que ya se firmó un protocolo de acuerdo Interinstitucional para respetar su validez en juicio, pero que se requiere seguir incorporando en las prácticas de los actores de los proceso judiciales.
Las Salas Especiales de Declaración de Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, que han sido diseñadas por un equipo interdisciplinario de profesionales del Poder Judicial y la Corporación Administrativa, son dependencias aledañas a las salas de audiencia acondicionadas de una forma acogedora con el objetivo de disminuir los efectos o consecuencias negativas en las víctimas tras su paso por el sistema de justicia.
Cabe recordar que en 2014, el pleno de la Corte Suprema aprobó la implementación en todo el país de salas especiales para tomar testimonio a niños, niñas y adolescentes que deban comparecer a juicios orales, en calidad de víctimas o testigos. La iniciativa busca resguardar el interés superior del niño, niña o adolescente, su intimidad, su derecho a ser oído y su dignidad. El máximo tribunal, además, estableció que si bien resulta deseable excluir del juicio penal y de las audiencias ante los tribunales a víctimas y testigos menores de edad, especialmente a los infantes, se debe mitigar los efectos que eventualmente pueden afectarles en el caso que se exija la comparecencia de menores conforme a la legislación vigente.
Asimismo, recomendó que la incorporación de prácticas que propicien, respecto del niño, niña y adolescente, la generación de un entorno facilitador de la libre expresión del declarante, que morigere su sobreexposición y que evite la generación de ambientes que puedan percibirse como hostiles, en términos de promover un tratamiento adecuado a su especial condición.
