La Auditora Interna de la Corporación de Asistencia Judicial de la región Metropolitana, Verónica Henríquez Olea, participó en el Primer Comité de Auditores del Sector Justicia y Derechos Humanos que tuvo como objetivo abordar los lineamientos gubernamentales para el período 2022-2026 en el ámbito de control interno.
“En este Primer Comité de Auditores de Sector Justicia y Derechos Humanos se releva la importancia de que las Corporaciones de Asistencia Judicial sean llamadas a participar en el Comité Sectorial de Auditoría, dada la pertinencia que las temáticas de transparencia, probidad, integridad y buen uso de los recursos públicos sean ejes para la entrega de nuestros servicios y el desarrollo de nuestra funciones, propiciando finalmente la confianza de la ciudadanía y nuestros usuarios en nuestro servicio”, señaló nuestra Auditora Interna Verónica Henríquez Olea.
En su lado a la actividad, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, resaltó -a través de un video- la valoración de las autoridades del trabajo esencial que realizan los equipos de auditores y auditoras “para el desarrollo de la agenda de probidad, de integridad y de combate a la corrupción”.
En el encuentro de dos días, organizado por la Unidad de Auditoría Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expuso la Auditora General de Gobierno, Daniela Caldana Fulss, dado que estos encuentros son una exigencia del Ejecutivo para ir verificando el cumplimiento de las instituciones en materias de control interno, probidad, gestión de riesgos y gobernanza.
En la actividad se abordó la creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, anunciada por el Presidente Boric en su cuenta pública, con el propósito de crear una cultura de transparencia y probidad en el país; recomponer confianzas en las instituciones; y fortalecer la democracia.
Al respecto, la auditora ministerial, María Elena Espina, destacó que los profesionales del sector Justicia y DDHH –así como de los demás organismos públicos- pueden aportar directamente al diseño, implementación y monitoreo de la nueva Estrategia Nacional de Integridad Pública, por lo que se manifestó satisfecha por el interés expresado por los representantes de la Subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, de Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y las Corporaciones de Asistencia Judicial de Tarapacá, de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana, que cubren todo el país.
Recordó que “dentro de las definiciones estratégicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está la Probidad y la Agenda Antiabusos, promoviendo además una cultura de transparencia al interior de las instituciones, ya que esto solo genera desconfianza en las personas, sobre todo en nuestras instituciones dependientes, que deben estar siempre atentas a diversas formas de conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción”.
